Monterrey, Nuevo León. La inseguridad relacionada con la extorsión ha mostrado un aumento preocupante en Nuevo León durante los últimos años, posicionando a la entidad entre las más afectadas a nivel nacional. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros nueve meses de 2026 se registraron mil 4 carpetas de investigación por este delito en el estado, lo que representa el 12.43 % del total nacional y coloca a Nuevo León en el tercer lugar entre las entidades con más denuncias, solo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México.
Lo que resulta especialmente relevante es que, con esta cifra, Nuevo León superó por primera vez la barrera de las mil denuncias en un solo año, según registros de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La tendencia ha sido creciente: en 2024 se contabilizaron 866 casos; en 2025, 879; y en lo que va de 2026 ya se han rebasado los mil, con meses como agosto que registraron hasta 161 denuncias, muy por encima de las 33 que se reportaron en enero del mismo año .
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme en la geografía estatal. Municipios como Santiago han registrado tasas de hasta 49.61 víctimas por cada 100 mil habitantes, ubicándose entre los cinco municipios con mayor tasa de extorsión en todo el país. Le siguen San Pedro Garza García, Salinas Victoria y Cadereyta Jiménez, todos dentro de los primeros 30 lugares nacionales por este delito.
La extorsión afecta a distintos sectores de la población: desde pequeños comercios y transportistas hasta familias que reciben llamadas telefónicas con amenazas. Organizaciones sociales y analistas coinciden en que muchas denuncias no se presentan por temor a represalias, por lo que las cifras reales podrían ser considerablemente mayores. A esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, una parte significativa de la población considera que denunciar no resuelve nada, lo que contribuye a que el delito permanezca en gran medida en la «cifra negra» .
Ante esta situación, legisladores y organizaciones civiles han pedido estrategias más contundentes. El diputado Jesús Elizondo Salazar presentó recientemente un exhorto ante el Congreso del Estado para que la Fiscalía General de Justicia y las autoridades penitenciarias trabajen de manera coordinada con el gobierno federal, especialmente para atender aquellas extorsiones que se originan desde el interior de los centros de reclusión .
Hasta el momento, las autoridades estatales han reconocido el incremento del delito y han mencionado que se han reforzado operativos en zonas con mayor incidencia, aunque los resultados en las estadísticas aún no se reflejan de manera clara. La ciudadanía, por su parte, continúa a la espera de que las medidas den resultados antes de que la situación se agrave aún más.