Por Ramón Rosales Córdova
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha colocado al Plan México como una de sus principales estrategias para impulsar el crecimiento económico durante los próximos años. La propuesta busca aprovechar la relocalización de empresas, fortalecer la producción nacional, desarrollar infraestructura y atraer grandes inversiones públicas y privadas. Para el periodo 2026-2030, el gobierno anunció una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos en energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. Tan sólo para 2026 se anunciaron 722 mil millones adicionales a lo presupuestado.
Sobre el papel parece una oportunidad importante. El propio Plan México plantea crear 1.5 millones de empleos adicionales, aumentar el contenido nacional de las cadenas productivas, impulsar la proveeduría mexicana y atraer empresas mediante los llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. También habla de empleos bien remunerados y sostenibilidad ambiental. El problema aparece cuando vemos con qué recursos cuenta realmente el Estado y qué papel tendrá el capital privado dentro de estos proyectos. México enfrenta un margen fiscal reducido. Durante el primer trimestre de 2026, las pensiones, el gasto federalizado y el costo financiero de la deuda absorbieron en conjunto 61.1 por ciento del gasto neto total del sector público. Eso dejó 38.9 por ciento para el resto de las funciones gubernamentales, entre ellas salud, educación, infraestructura y otras responsabilidades del Estado.
Ante esta estrechez, la inversión privada adquiere un peso cada vez mayor. El gobierno habla abiertamente de inversión mixta y ha simplificado procedimientos para facilitar la llegada de capital. En mayo de 2026 anunció mecanismos de autorización inmediata de inversiones, simplificación de trámites y nuevas ventanillas para agilizar proyectos. El problema no está simplemente en que participe la iniciativa privada. La pregunta es bajo qué condiciones participa, quién obtiene los mayores beneficios y quién asume los costos. Cuando grandes inversiones llegan a una región necesitan agua, electricidad, suelo, vivienda, transporte y servicios. El propio análisis sobre nearshoring en México reconoce que vivienda, mercado laboral, servicios básicos y regulación son factores determinantes para que las regiones puedan absorber nuevas inversiones. Si ese crecimiento no se planifica pensando primero en las necesidades de la población, una nueva zona industrial puede significar crecimiento económico sin que necesariamente exista el mismo crecimiento en escuelas, hospitales, transporte, vivienda o servicios públicos.
Algo parecido ocurre con el empleo. Una nueva fábrica puede generar cientos o miles de puestos de trabajo y eso tiene un efecto positivo inmediato para muchas familias. Pero crear empleos no es exactamente lo mismo que crear bienestar. Un estudio reciente del Banco Mundial sobre los efectos locales de la relocalización encontró que los municipios mexicanos más beneficiados por el desvío comercial derivado de las tensiones entre Estados Unidos y China registraron mayores exportaciones e ingresos laborales totales, principalmente porque se crearon empleos. Sin embargo, los ingresos promedio de los trabajadores prácticamente no cambiaron. Ese dato ayuda a entender la contradicción. Puede crecer la inversión, aumentar la producción y multiplicarse el empleo sin que esa riqueza se traduzca automáticamente en mejores salarios para quienes realizan el trabajo.
También están las consecuencias territoriales. La concentración de industrias atrae trabajadores, aumenta la demanda de vivienda y transporte y ejerce presión sobre el agua y otros servicios. Por eso no basta con anunciar millones de pesos en inversión. Es necesario saber dónde se instalarán las empresas, cuánta agua consumirán, qué empleos crearán, cuánto pagarán, qué efectos tendrán sobre el medio ambiente y qué infraestructura pública acompañará ese crecimiento. El propio Plan México reconoce esta necesidad al incluir metas de reúso de agua, energías limpias, manejo de residuos y acciones de impacto comunitario. Que estos objetivos estén escritos es importante. Lo decisivo será que puedan verificarse y que la rapidez para aprobar inversiones no termine debilitando los controles públicos, ambientales y sociales.
México ha tenido avances importantes en ingreso durante los últimos años. El Banco Mundial señala que la pobreza multidimensional disminuyó de 43.2 por ciento de la población en 2016 a 29.6 por ciento en 2024. Pero el mismo organismo advierte que las carencias sociales continúan siendo profundas. En 2024, 48.2 por ciento de la población todavía carecía de acceso a la seguridad social y persistían importantes brechas en salud y educación. Ahí aparece otro problema. Los apoyos económicos directos pueden aliviar necesidades inmediatas y mejorar el ingreso de una familia, pero una transferencia no construye por sí sola un hospital, no garantiza medicamentos, no pavimenta una colonia, no lleva agua potable a una comunidad y tampoco sustituye una escuela bien equipada. Incluso el Banco Mundial, al analizar qué necesita México para seguir reduciendo la pobreza, señala tres elementos que deben avanzar juntos: crecimiento incluyente, política social eficiente e infraestructura para reducir la vulnerabilidad.
La discusión sobre el Plan México debería llegar precisamente hasta ese punto. No basta preguntar cuánto capital llegará al país. Hay que preguntar qué parte de la riqueza producida permanecerá en México y cuánto llegará realmente a los trabajadores y a las comunidades. También hay que discutir qué obligaciones tendrán las grandes empresas que reciben estímulos, infraestructura y facilidades para instalarse, y qué mecanismos de transparencia permitirán conocer contratos, concesiones, beneficios fiscales y resultados. La inversión puede ser necesaria para desarrollar las fuerzas productivas del país, pero el crecimiento económico y el bienestar social son dos cosas diferentes si no existe una política que conecte uno con el otro. Frente a este problema, el Movimiento Antorchista ha planteado desde hace años cuatro ejes económicos: empleo para todos los mexicanos en condiciones de trabajar, salarios suficientes para cubrir dignamente las necesidades de las familias, reorientación del gasto público hacia obras y servicios para los sectores con mayores carencias y una política fiscal progresiva en la que quienes tienen mayores ingresos aporten proporcionalmente más. Su planteamiento pone el problema de la distribución de la riqueza en el centro de la discusión económica.
Ahí está uno de los debates de fondo que abre el Plan México. El país necesita producir más, construir infraestructura y desarrollar su industria, pero al mismo tiempo necesita discutir cómo se distribuye lo producido. Una economía puede presumir miles de millones de pesos en nuevas inversiones mientras en las colonias siguen faltando agua, drenaje, hospitales, seguridad y escuelas dignas. Puede aumentar sus exportaciones mientras millones de trabajadores continúan sin seguridad social. Puede generar miles de empleos y, aun así, mantener salarios que no alcanzan para resolver las necesidades de una familia. Por eso la discusión económica no debería reducirse a cuánto crece la inversión. También debe preguntarse para quién crece México. Esa pregunta obliga a mirar el salario, el empleo, los servicios públicos, los impuestos y la distribución de la riqueza. Sin esa discusión, existe el riesgo de que las grandes cifras del desarrollo avancen mucho más rápido que las condiciones de vida de quienes producen esa riqueza.
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